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ERE en Banco Santander – La plantilla y el Estado serán los paganos

Hoy 12 de abril, se ha celebrado la última reunión previa a la apertura del periodo de consultas legalmente establecido en el art. 51 “Despido Colectivo” del Estatuto de los Trabajadores. Una reunión en la que las partes nos hemos ratificado en nuestras posturas. Unas posturas por otro lado, ya por todos y todas sobradamente conocidas.
No obstante, la dirección de Recursos Humanos ha facilitado nueva información hasta ahora no comunicada, en relación a sus intenciones de cargar a las paupérrimas arcas del Estado parte del coste, de las conocidas como prejubilaciones.

Una nueva fórmula, hasta ahora nunca utilizada por Banco Santander, consistente en trasladar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el coste de las prestaciones por desempleo, del personal despedido con más de 55 años en el Centro Corporativo y con más de 58 años en Santander España, durante 24 meses. Periodo en el que deberá ser este organismo oficial quien pague al trabajador o trabajadora afectada (cantidades máximas mensuales que oscilan entre 1.087 y 1.397 euros, en función de cargas familiares) así como quien realice las cotizaciones a la seguridad social. Durante este periodo el Banco sólo complementará el importe necesario hasta llegar a la cantidad asignada, que finalmente se acuerde.

Tras finalizar este periodo de dos años, el Banco se compromete a pagar íntegramente el convenio especial con la seguridad social y a abonar al afectado o afectada la cantidad integra correspondiente al porcentaje que finalmente se determine (ahora mismo su oferta es del 70% de los salarios pensionables).

Este es un salto cualitativo más en su afán de reducción de costes, ya que el uso de esta fórmula le garantiza un ahorro de al menos una anualidad de salarios y dos anualidades de cotizaciones a la seguridad social por trabajador o trabajadora que se acoja a las salidas anticipadas a partir de una determinada edad.

Desde C·G·T consideramos inaceptable esta fórmula, ya que entendemos que el Estado no debe soportar el ahorro de costes pretendidos por una Empresa con tal volumen de beneficios.

Igualmente hemos vuelto a insistir en la necesidad de implantar urgentemente un sistema de control horario que evite las prolongaciones de jornada. Unas prolongaciones incompatibles con la destrucción de empleo pretendida por el Banco.

El próximo lunes 18 de abril, se iniciará oficialmente el periodo de consultas anteriormente mencionado, que no podrá extenderse más allá de 30 días naturales, en donde la Empresa tendrá que facilitar a las representaciones sindicales presentes en la comisión negociadora una memoria explicativa de las causas, que a su entender motivan el despido.

Desde C·G·T una vez recibamos ese documento y tras su análisis exhaustivo, valoraremos su alcance y estudiaremos todas las medidas, incluso jurídicas, para desde nuestro convencimiento de la falta de motivación, combatir este ERE no deseado.

Enlace permanente a este artículo: http://fesibac.org/2016/04/13/3483/