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Así quiere cambiar BBVA el despido y los salarios

España no solo tendrá que consolidar su recuperación sino que “deberá preparar su economía para una próxima crisis que se producirá tarde o temprano, con el objetivo de que no se vuelva a repetir esa intensa destrucción de empleo, impropia de una economía como la española”, explica el economista jefe de economías desarrolladas de BBVA Research, Rafael Doménech. Por ello, los expertos de esta entidad han elaborado un documento titulado Hacia un mercado de trabajo más eficiente y equitativo, en el que apuntan tres grandes cambios en la legislación laboral y el funcionamiento de las relaciones de trabajo. Estas son sus propuestas:

1. Indemnización por despido
Para los expertos de BBVA la reforma laboral de 2012 supuso un “avance sustantivo” en la dotación a las empresas de instrumentos de flexibilidad interna. Sin embargo consideran que las medidas para reducir la dualidad endémica entre trabajadores fijos y temporales “han resultado insuficientes”.

¿Qué hacer, por tanto, para acabar con esta elevada dualidad? Estos economistas lo tienen claro un “cambio integral del sistema indemnizatorio” en caso de despido que acabe con la diferencia de coste entre temporales y fijos. Para ello proponen en primer lugar reducir de forma efectiva los tipos de contrato a tres: uno indefinido; uno temporal causal, con una duración máxima de dos años; y otro de formación y aprendizaje.

Hecho esto, han diseñado un “esquema mixto de indemnización”: todos los trabajadores tendrían una cuenta de ahorro individual –conocida como mochila austriaca y presente en los programas electorales de PP, PSOE y Ciudadanos– en la que el empresario depositaría 8 días de salario por año trabajado. Esta cantidad estaría para siempre en la cuenta del trabajador y podría usarla en caso de fin de contrato o despido. Y si no fuera despedido nunca podría recuperarla en el momento de la jubilación. Pero además de lo depositado en esta mochila, en los contratos indefinidos, la empresa pagaría una indemnización adicional progresiva en función de la antigüedad, y mantendría el tope de 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades en los despidos objetivos procedentes; y de 33 días por año y 24 mensualidades en el caso de los improcedentes. Si bien, en el caso los despidos objetivos procedentes de los fijos los 20 días no se lograrían hasta el cuarto año de antigüedad. Y en los improcedentes habría una horquilla progresiva, desde los 18 días a partir del tercer año de antigüedad, hasta los 33 días que se conseguirían solo a partir del octavo año de antigüedad.

En los temporales, además de los 8 días de la mochila individual se mantendrían los actuales 12 días de salario por año. Así, cobrarían 20 días por año trabajado. En definitiva, se abarataría el coste del despido en los fijos y se elevaría el de los eventuales para desincentivar su uso.

Este modelo sería obligatorio para todos los nuevos contratos y requeriría un mayor control del fraude, precisan quienes lo han diseñado. Además, desde el BBVA calculan que esta medida reduciría la temporalidad entre 6 y 11 puntos y la tasa de paro entre 3 y 6 puntos, lo que a largo plazo aumentaría el PIB, las horas trabajadas y la equidad.

2. Negociación colectiva y salarios
La principal demanda en esta materia es la necesidad de generalizar entre todos los trabajadores “el pago por rendimiento”; salarios flexibles vinculados a la productividad. Junto a esto consideran imprescindible eliminar todas las cláusulas de revisión salarial ligadas a la evolución del IPC.

Es más, aseguran que “la evidencia indica que aunque la flexibilidad salarial suponga un descenso del salario medio, estimularía la creación de empleo”. Calculan que un recorte salarial real del 7% incrementaría la ocupación un 10,4%.

Además, creen que debería existir un “órgano asesor” independiente que sería el encargado de calcular cada año las horquilla de incrementos salariales que podrían permitirse las empresas españolas para que la economía gane competitividad.

En cuanto a la estructura de la negociación colectiva piden que los convenios sectoriales estatales solo puedan incluir aspectos que afecten por igual a todo el sector (higiene y seguridad; régimen disciplinario); los convenios de rama, cuestiones como la formación; y los de empresa el salario, jornada o movilidad.

3. Fiscalidad del trabajo
Estos expertos aseguran que, en España, el mayor peso de las cotizaciones sociales en comparación con los impuestos indirectos, “no incentiva la creación de empleo, porque encarece la contratación y limita la competitividad de la economía”.

Por eso proponen una devaluación fiscal que consistiría en una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de 2,3 puntos que se compensaría con un aumento de dos puntos en los tipos implícitos de los impuestos indirectos. Esta operación generaría, según BBVA, 200.000 empleos en el largo plazo e incrementaría el PIB un 0,7%.

 

Prestaciones por desempleo más cortas en época de bonanza

La cuarta pata demercado laboral que proponen cambiar radicalmente los expertos de BBVA Research es la del sistema de protección por desempleo (prestaciones y políticas activas de formación y búsqueda de empleo). Su filosofía es que cuanto más generoso se sea con las prestaciones por desempleo, más condicionantes habría que poner a su cobro, para evitar que la percepción de estas ayudas desincentive la aceptación de puestos de trabajo.
Por ello proponen tres cambios: El primero, vincular la duración del derecho a percibir una prestación con la posición cíclica de la economía. Esto es, en épocas de crisis la prestación se cobraría durante más tiempo que en épocas de bonanza. Dicen que el máximo actual de dos años de cobro es “relativamente elevado”.
En segundo lugar, proponen que se condiciones la percepción de prestaciones por desempleo a la participación de los parados en programas de activación y se aumente la exigencia a la hora de presentar qué están haciendo para buscar activamente un empleo. Y, tercero, ampliar el concepto de oferta adecuada de empleo para evitar rechazos; y “agilizar los procedimientos sancionadores en caso de rechazar la primera oferta adecuada”. Esto puede suponer ahora la pérdida de la prestación tres meses. Si bien, en BBVA admiten que estos cambios deberían acompañarse de mejores servicios de orientación al parado y mayor presencia de la colaboración público privada en la búsqueda de empleo.
España ha gastado una media de 1.400 euros en formar y orientar a cada parado que buscaba empleo (16 puntos menos que la media europea). BBVA propone elevar progresivamente esta cantidad hasta 2.700 euros. Y sacarlo del Fondo Social Europeo.

Artículo original

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