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Santander admite el riesgo que asumió con la rápida compra del Popular

La entidad reconoce que sus estimaciones sobre el Popular podrían ser “inexactas, incompletas o incorrectas” por el reducido tiempo que tuvo para analizar los datos

El Santander comienza este miércoles la ampliación de capital de 7.072 millones para comprar el Popular, vendiendo acciones a 4,85 euros. En un documento público describe los riesgos y destaca que por “el tiempo reducido al que tuvo acceso” a los datos del Popular, sus estimaciones podrían ser “inexactas, incompletas o incorrectas”.

El Santander ya está embarcado en la segunda ampliación de capital que realizará en los tres últimos años. Para comprar el Popular, con nuevas acciones a 4,85 euros, más el coste del derecho de suscripción preferente, que cotizará en Bolsa. Con el cierre de la cotización del lunes (a 6 euros), el descuento asciende al 17,75%. Ayer la entidad aguantó con escasas caídas en Bolsa: cerró a 5,96 euros, un 0,78% menos que el día anterior.

Con motivo de esta operación, el Santander hizo públicos los riesgos que asume con la absorción del Popular tras su liquidación. Como es habitual en este tipo de folletos, el Santander describe todo tipo de riesgos asumidos. Los más llamativos hacen referencia a las circunstancias que rodearon la compra, realizada en la noche del 6 al 7 de junio. No obstante, desde mediados de mayo hasta principios de junio, el Santander participó en un proceso más relajado de venta, para analizar si hacía una oferta por el Popular, hasta que se retiró de la subasta sin realizar ninguna.

El Santander recuerda que ha realizado una oferta “sobre la base de la información pública disponible” y “de modo limitado al que ha tenido acceso por un periodo de tiempo reducido”. Y advierte: “Es posible que el Santander haya sobrevalorado las sinergias” (ahorro de costes) “o que estas no lleguen a materializarse, lo que podría suponer un efecto significativo adverso. El banco no verificó de forma independiente la exactitud, veracidad e integridad de dicha información. No puede descartarse que contenga errores u omisiones, ni que sea imprecisa e incompleta. Como consecuencia, algunas estimaciones con las que el Santander tomó la decisión de la adquisición podrían ser inexactas, incompletas, incorrectas u obsoletas”.

Activos deteriorados

El Santander reconoce que “podría encontrar activos dañados o deteriorados, riesgos desconocidos y pasivos ocultos que excedan las previsiones actuales y que no estén cubiertos, lo que podría producir un efecto adverso significativo en el Santander”.

También recuerda a los posibles nuevos accionistas que “dada la particularidad y la urgencia del proceso, no se han obtenido garantías sobre los activos, pasivos del negocio del Popular”, como ha recordado el Gobierno.

El folleto de la entidad presidida por Ana Botín ofrece un nuevo dato sobre las cláusulas suelo del Popular. Afirma que “el riesgo máximo asociado a sus contratos de cláusulas suelo en el escenario más adverso y no probable ascendería a 1.000 millones a 31 diciembre de 2016. El importe provisionado representa algo más del 50% de ese riesgo. Puede que las provisiones no sean completas, lo que podría generar un impacto significativo adverso en los resultados del Santander”. El 27 de enero pasado, a petición de la CNMV, el Popular cifró en 600 millones el riesgo de las cláusulas suelo y dijo que sus provisiones eran de 534 millones. Esta última cifra sí concuerda con la ofrecida por el Santander, pero no la del riesgo total.

Los riesgos legales ocupan otro capítulo importante. “No puede descartarse que tras la adquisición del Popular, esta entidad, sus administradores, directivos o empleados puedan ser objeto de reclamaciones de toda naturaleza, incluyendo las derivadas de la adquisición por inversores de acciones de esta entidad antes de la resolución del FROB, lo que podría tener un efecto adverso significativo en los resultados del Santander”, reconoce el banco presidido por Ana Botín.

Riesgos por las cuentas

Y el nuevo dueño especifica un riesgo concreto: “El 3 de abril, el Popular remitió nota comunicando ciertas correcciones en las cuentas que había identificado su auditoría interna. El consejo decidió no reformular las cuentas. El Popular está expuesto a eventuales reclamaciones”.

La entidad presidida por Ana Botín no oculta que “la integración del Popular puede ser difícil y compleja, presentar conflictos entre los sistemas operativos, financieros o contables, lo que podría determinar la necesidad de incurrir en pérdidas de ingresos no esperados”. Incluso aborda un posible problema con los directivos. En el folleto se admite que el sector financiero está sujeto “a una regulación cada vez más estricta en materia de remuneraciones de los empleados, lo que puede tener un efecto adverso en la capacidad del grupo para contratar y retener a los empleados mejor cualificados. Si el grupo no logra atraer, formar, motivar y retener profesionales cualificados, sus negocios pueden verse afectados”. Pese a todos estos peligros, buena parte de los analistas de Bolsa apoyaron la operación.

El País

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