La muy nombrada exigencia por parte del BCE de una mayor concentración bancaria en España y la ya abultada reducción de entidades habida a tenor de la crisis económica, está produciendo que entre las alcantarillas del poder político y económico se estén acordando movimientos desde la retaguardia con el propósito de ir aglutinando intereses oscuros que incrementen sus excesivos beneficios y sus ya elevadas cuotas de poder.
El diseño elegido no puede ser más simplón. A modo de los colores de las fichas del parchís, se adjudican las entidades de menor tamaño a alguno de los protagonistas de este reparto según su similitud cromática. Así en el seno del color rojo, posesión del Bco. Santander, se integran Popular y Pastor (también rojos en sus estandartes corporativos, aunque desde otras perspectivas pudieran entenderse como “marrones”), BBVA ostenta el color azul en donde a futuro podríamos ver otras entidades que utilizan también dicho color corporativo, el verde es propiedad de Bankia y Caixabanc se quedó con el amarillo.
De cualquier manera, se hace preciso recordar que el hecho de que en el parchís haya, por lo general, sólo cuatro colores no es más que un convencionalismo, existiendo tableros en donde es posible incrementar el número de participantes sin que el juego varíe ostensiblemente.
Sin embargo, a diferencia de la vertiente lúdica, en el ámbito bancario dicha concentración, en ningún modo, es inocente. Poner todo el negocio bancario en manos de cuatro entidades no es otra cosa que generar un CÁRTEL BANCARIO que monopolice el negocio en el sector y que fije sin ninguna contraparte el coste de los créditos que solicite la clientela o la retribución de sus depósitos, entre otras cosas.
Obviamente dicho hecho genera un problema grave de falta de COMPETENCIA en el sector restringiendo de forma muy acusada las posibilidades a la ciudadanía española de encontrar condiciones favorables, como en el resto de países de nuestro entorno, en cuanto a oferta de productos y servicios bancarios.
Desde CGT instamos a que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) considere estos aspectos antes de emitir el pertinente informe que pudiera autorizar la adquisición de Popular por Banco Santander. Lo contrario sería no cumplir con la misión que tiene encomendada este Organismo público, abriendo la posibilidad de demanda ante los tribunales competentes.
Un cártel con tanto poder sin ninguna duda, y la historia nos proporciona múltiples ejemplos, pondría claramente en riesgo los derechos e intereses de los trabajadores y por extensión, de toda la población y, de igual manera, tendría un claro poder para influir en las decisiones políticas y económicas que deben emanar únicamente de los representantes de la soberanía popular.
Por esta causa pero sobre todo, por lo que a seguro supondría en pérdida de miles de puestos de trabajo, CGT evidencia esta posible situación y se colocará en estado de alerta ante ella.
Salud
