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La perversión del sistema de control de IT

El INSS realizará 64000 controles extraordinarios de IT para dar la mayor cantidad de altas médicas. Con esta medida pretende recortar y criminalizar el ejercicio de un derecho para ahorrar costes.

El pasado 28 de septiembre la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, anunciaba a bombo y platillo un plan para realizar 64.000 controles extraordinarios sobre procesos de incapacidad temporal con la finalidad de dar la mayor cantidad posible de altas médicas. Por su parte la Directora General del INSS, en la presentación del Plan a los representantes de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social (las antiguas Mutuas Patronales, nombre que deja mucho más claro su finalidad real) se manifestó en la misma dirección, generando duda sobre aquellos trabajadores o trabajadoras que perciben la Incapacidad Temporal, partiendo desde una situación de presunción de culpabilidad y poniendo sobre estos la sospecha del fraude.

Queremos poner en evidencia la perversión del sistema de control de la Incapacidad Temporal. En ningún momento se está persiguiendo el fraude en las percepciones de esta prestación sino que lo que pretende es criminalizar el derecho a la incapacidad temporal y hacer recaer sobre los trabajadores un recorte que afecta a una cuestión especialmente sensible como es el estado de salud.

El objetivo es intensificar el control de las IT antes que alcancen los 365 días de duración esgrimiendo los siguientes motivos: “desde el año 2012 hasta el año 2018 se ha producido una elevación importante de los índices que reflejan la situación de la prestación de incapacidad temporal: la incidencia, prevalencia y duración media de los procesos de incapacidad temporal. Así la incidencia ha pasado entre los años 2012 y 2017 de un 20,62 por mil trabajadores a 24,39. La prevalencia de 31,88 trabajadores por mil a 35,08 y la duración media de las bajas de 37,88 día a 39,48 días respectivamente”. Como se puede ver en ningún momento se habla de adoptar medidas contra un presunto fraude (incomparecencias a controles de I.T., procesos de I.T por enfermedad común que empiezan justo al inicio de una relación laboral, falsificación de partes de I.T, etc).. Simplemente que se produce un aumento de las I.T y a partir de ahí se pone en marcha un proceso para reducir el gasto. El objetivo no es luchar contra el fraude sino simplemente y llanamente dar altas para reducir costes.

Estas actuaciones también se extienden al personal funcionario de las distintas Mutualidades (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) que endurece aún más los controles, además con el agravante que en el mutualismo administrativo no existe la posibilidad de disconformidad o discrepancia contra el alta.

El coste máximo del plan es de 312.142,56 € y para ello se tiene que conseguir realizar un determinado número de reconocimientos y un porcentaje total de altas médicas. Aquí no priman criterios médicos sino únicamente los económicos: o los médicos del INSS que participen en el plan dan un número de altas o no cobrarán. Las cantidades que se abonarán a los inspectores médicos que participen en el Plan se imputarán al presupuesto del INSS de 2019 en el programa 1391 Dirección y Servicios Generales, concepto 151 Gratificaciones. En lo relativo al % de altas se establece que para poder cobrar estas gratificaciones hay que sacar un: “porcentaje del total de altas médicas por reconocimiento emitidas por todos los inspectores participantes en el plan durante las 48 horas de trabajo, frente al total de altas médicas por reconocimiento emitidas por todos los inspectores en horario de mañana en ese mismo período”.  De tal manera que o se consigue un número de altas o no se cobrará en su totalidad la cuantía que corresponde, forzando de esta manera a que las y los médicos den altas sin tener en cuenta criterios médicos y teniendo en cuenta solo el objetivo de cumplir con los objetivos establecidos con el plan para poder cobrar la gratificación. Pero también nos consta que la mayoría del colectivo médico se está negando a participar en este plan que atenta contra la ética médica, dejando claro que su trabajo es velar por la salud de los trabajadores y no la de cumplir con objetivos económicos.

Recordamos que este tipo de criterios de productividad relacionados con la IT ya fueron dados por nulos por la Sección 4 de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que afirmó que “El complemento de productividad pretende retribuir una determinada actividad, dedicación e interés que conlleven un especial rendimiento o la consecución de unos resultados objetivos. Pero cuando esos resultados dependen de una actuación valorativa, en este caso de los Inspectores médicos del INSS en su función de control de los procesos de incapacidad temporal, los objetivos a conseguir para lograr la productividad no pueden consistir en que la valoración se haga en el porcentaje de casos que se fija en un determinado sentido, en este caso, el alta médica o el pase a incapacidad permanente”.

En definitiva, no existe un problema real de fraude en la IT. Si se puede afirmar algún dato es que en España la mayoría de los trabajadores no sólo no abusan de la Incapacidad Temporal sino que por el contrario tres de cada cuatro trabajadores (74%) ha ido a trabajar alguna vez estando enfermo (en Reino Unido, el 57%; en Alemania, el 49%; y en Francia, el 42%). Son cada vez más los trabajadores enfermos que renuncian a pedir la baja médica para no perder el salario o el trabajo. La reforma laboral tiene gran responsabilidad en el deterioro de la situación, al contemplar la posibilidad de despido por acumulación de bajas médicas aunque estas sean debidamente justificadas por el médico.

Con este Plan no se pretende solucionar un problema que no existe, sencillamente se pretende recortar recursos y criminalizar un derecho para dificultar su ejercicio. El PSOE parece que va a continuar con las mismas políticas antisociales y de recortes que el anterior gobierno del PP. Si este era el cambio de ciclo que pretendía el gobierno del PSOE, para este viaje no hacía falta alforjas.

Sindicato Federal de la Administración General del Estado

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