Tras un largo litigio de casi cuatro años, la demanda que ganó CGT en la Audiencia Nacional sobre la aplicación proporcional de las vacaciones, permisos y jornadas previstas para profesionales en centros educativos pasa a ser firme desde el pasado 13 de marzo de 2024 gracias a la desestimación, por parte del Tribunal Supremo, del recurso que interpuso FOAPS a dicha sentencia.
Finalmente se ha ratificado la sentencia que CGT ganó –en primera instancia en 2021– para profesionales de mediación comunicativa que trabajan con personas sordociegas en FOAPS (Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera).
La Comisión Paritaria del Convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad había emitido acta en noviembre de 2020 (tiene valor de convenio y pasa a formar parte del mismo) donde reconoció que la fundación de la ONCE debía aplicar el art. 49.5. Pese a ello, han tenido que pasar casi 4 años para que se reconozca definitivamente la aplicación del mismo.
Este retraso ha sido motivado por la actitud de FOAPS, que se negó a aceptar dicha acta, obligando a sus profesionales a llevar este caso de conflicto colectivo a la Audiencia Nacional. Ésta les dio la razón, condenando FOAPS a reconocer la aplicación del mencionado artículo en la sentencia 243/2021.
Sin embargo, lejos de aceptar esta mejora para la plantilla, FOAPS recurrió dicha sentencia para dilatar, aún más, la aplicación de este derecho.
Sus mediadores prestan servicio desde hace 17 años a personas afiliadas sordociegas de ONCE en diferentes tipos de centro, dándose la mayor carga de horas en centros educativos. Además, FOAPS utiliza el calendario educativo para organizar su actividad, y ha venido imponiendo, unilateralmente, las vacaciones en los periodos y días no lectivos. Esta mejora dará más días de vacaciones, días sin actividad (permisos retribuidos para los días no lectivos) y reducirá las jornadas de una labor física e intelectual, lo cual beneficiará también salarialmente a la plantilla, en su mayoría, mujeres con contratos parciales y temporales que en muchos casos no dan para vivir.
A la ONCE se le llena la boca presumiendo de su gran labor social y solidaridad. Sin embargo, prefiere tener durante años batallando en los juzgados a sus empleadas más precarias antes que aceptar una mejora en sus condiciones. Desde CGT lamentamos esta actitud, que no casa con la imagen que proyecta gastando cantidades ingentes, por ejemplo, en publicidad.
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