En el último auto del sumario de la Púnica aparecen como imputados el ex presidente de Indra, Javier Monzón, el ex consejero delegado Javier de Andrés y los ex directivos Santiago Roura y Jesús Gil Ortega.
Recientemente habrás recibido un correo del actual presidente, Fernando Abril-Martorell comentando que todo lo ocurrido fue responsabilidad de la anterior cúpula, que cuando llegó él hizo limpieza y que a él que lo registren. Lo mismo que decía Esperanza Aguirre, vamos.
Pues bien, vamos a hacer una serie de reflexiones; Monzón fue cesado por la junta para ser sustituido por Martorell. Por ese cese obtuvo 14,33 millones de euros entre plan de pensiones, bonus y otros conceptos. Además, recibió otro millón de euros por no ser avisado con 15 días de preaviso, aunque no tenía una relación laboral, sino mercantil. Es sangrante compararlo con el medio mes que nos llevaríamos el resto de los mortales por el mismo caso.
Javier de Andrés, que pasó a ser la mano derecha de Martorell, estuvo 3 años más en Indra. ¿Cómo puede ser que, habiendo analizado todos los datos de la empresa, habiendo analizado cuenta por cuenta durante el ERE, nadie del equipo de Martorell viese nada? ¿O es que vieron algo, pero se lo callaron por todo lo que sabía Javier? Pues este señor se llevó 8,7 millones de euros como compensación por ser despedido. Destacar que como plan de pensiones tenía acumulado 5 millones de euros. Es vergonzante si lo comparamos con las condiciones del ERE que la empresa pactó con CCOO, UGT y USO para echar a los mayores de 56 años.
De los otros dos directivos, Santiago Roura fue despedido en otoño de 2015. Con este lo tuvo más claro, aunque se llevó entre 4 y 4,5 millones de euros, pese a que en el momento de la cancelación de su contrato ya había sido imputado por este caso en 2014. A Jesús Gil, responsable del negocio de procesos electorales, le echaron a finales de 2017, por una cuantía que ronda los dos millones de euros. Este directivo se incorporó posteriormente a Scytl, empresa que ganó el recuento de las últimas elecciones.
En total, casi 30 millones de euros. Hemos de recordar que el ERE de 2015 se hizo para generar un “ahorro” de 80 millones de euros, y para ello se echaron a la calle a casi 2000 personas. ¿Cuánta gente se habría salvado de la quema si los corruptos se hubieran ido con un despido disciplinario? Todos estos que nos daban lecciones de compromiso y dedicación absoluta, ¿cuánto daño han causado a la imagen y al futuro de la empresa?
Es por todo esto que desde la CGT exigimos a la directiva de esta empresa que haga efectiva la cláusula ‘clawback‘, una norma por la que la compañía puede exigir parte de las retribuciones de los ejecutivos si se demuestra que tuvieron un comportamiento irregular o perjudicial para la sociedad. Ahora veremos si de verdad la voluntad de esta directiva es hacer lo correcto, o se seguirán protegiendo entre ellos.
Por último, recordar que el ERE que sufrimos se realizó en base a datos falseados y con la colaboración de sindicatos más preocupados por sus liberados que por el futuro de la empresa. Que toda esta mierda que sale a la luz sirva para concienciarnos que o apoyamos a quien está luchando cada día para hacer las cosas de forma honesta y para el beneficio de todos, o la impunidad seguirá reinando en Indra.
