Durante las últimas semanas las páginas de los diarios y los programas de radio y TV han informado abundantemente del caso de las “tarjetas black” de Bankia. Ha quedado meridianamente clara la connivencia entre los representantes de las organizaciones políticas, sindicales y empresariales en los consejos de administración, tanto para favorecer determinados grupos empresariales como para enriquecerse ellos mismos. Las tarjetas denominadas black, tal y como indica su traducción, se trata de dinero negro, un sobresueldo, unido al voluminoso sueldo y por tanto no sujeto a tributación.
Ninguno de los consejeros que utilizó las famosas tarjetas, mostró rechazo ni lo denunciaron a los medios de comunicación ni siquiera lo comentaron en sus organizaciones, según parece sus cúpulas no sabían nada. Tampoco les pareció mal el salario, desconocemos si plantearon en alguna ocasión reducirlo, donar parte al sindicato o al partido, etc. En algunos casos estos sindicalistas cobraban como liberados el salario a través de sus empresas.
Las organizaciones sindicales, también tienen responsabilidad respecto a estos consejeros ya que eran quienes los habían nombrado. Lo normal hubiera sido conocer y controlar tanto su salario como las decisiones que se estaban tomando en esos consejos de administración. En el caso de Bankia, antes Cajamadrid, nos encontramos con una de las entidades financieras más importantes del país y con una base de clientela centrada entre los trabajadores y pequeños empresarios fundamentalmente. ¿Porqué CC. OO., UGT, IU, PSOE, CEOE, etc. no pidieron cuenta a los que los militantes que les representaban?
Hay responsabilidades que no se limpían expulsando simplemente al consejero “pillado”, también habría que expulsar a los que debían controlar y no lo hicieron. Ni se han tomado medidas contundentes ni hay explicaciones por parte de CC. OO., UGT y ACCAM. Incluso el secretario general de FES-UGT, José Miguel Villa, defiende a uno de los sindicalistas, Rafael Torres, alegando que los gastos de la tarjeta eran para la sección sindical. Mientras tanto afiliados y delegados de estas organizaciones deberían preguntarse por el silencio de sus máximos responsables y en algunos casos incluso por la defensa en base a la presunción de inocencia.
En todo este asunto, y sin quitarle importancia a los hechos, queremos analizar las diferentes responsabilidades partiendo en primer lugar de la representación. En el caso de los representantes políticos, empresariales y sindicales eran consejeros en base a la capacidad representativa territorial de su organización. En consecuencia, en el caso de los sindicalistas de CC. OO., UGT y ACCAM, eran estas organizaciones las que los habían elegido por su capacidad para representarlos y por lo tanto era a las organizaciones a las que deberían reportar sobre el trabajo y las decisiones que se tomaban en esos consejos de administración. No podemos olvidar que en esos consejos es el lugar donde se aprueban las inversiones importantes, los créditos de elevados importes, las compras o ventas de la empresa, la política comercial y evidentemente la política de personal. En esos consejos se aprobaron, entre otros asuntos, los créditos a Diaz Ferrán y Florentino Pérez, la compra de un banco en Miami, las condiciones para la comercialización de las preferentes, la salida a bolsa o ERE ´s. ¿Qué votaron los diferentes representantes sobre estos asuntos? ¿Defendieron los intereses de los trabajadores y de los ciudadanos? ¿Qué propuestas hacian de carácter social? Desconocemos si había unanimidad o no, pero no ha trascendido que ningún consejero mostrara rechazo a la política que llevaba a cabo el consejo. En todos estos años no se ha producido ninguna declaración de ningún consejero mostrando su opinión contraria a la política mayoritaria en el consejo. Si hubiera trascendido una opinión diferente, por ejemplo a la salida a Bolsa de Bankia, sus organizaciones podían alardear del carácter social de sus representantes. Todo esto ha ocurrido durante estos años, en plena burbuja inmobiliaria y especulación financiera. Es decir, hay una responsabilidad política en las decisiones que se tomaban en el consejo, las cajas de ahorro tenían un objetivo público y social.
Las organizaciones, en este caso los sindicatos, tienen el derecho reconocido por la ley de elegir a un número determinado de consejeros en las diferentes cajas de ahorro. Nos peguntamos: ¿Qué decisiones políticas se han tomado durante los últimos años en esos consejos? ¿Por qué las organizaciones no han tutelado y controlado las decisiones que tomaban sus consejeros? ¿Estaban de acuerdo las organizaciones sindicales con la política de las cajas? No estamos ante un caso puntual y determinado, estamos ante el saqueo y utilización de unas entidades de ahorro para favorecerse unos determinados grupos capitalistas y ahora, aparecen unos colaboradores necesarios que además e han enriquecido.
En el sector financiero, conocemos los tradicionales convenios a la baja mientras los beneficios eran voluminosos y los ERE`s que CC.OO. y UGT, firmaban aceleradamente para reconvertir el sector. Ahora, aparecen los beneficios, y en la prensa vuelve a surgir la anterior secretaria general de COMFIA, Mª Jesús Paredes y su pareja, Baquero, protagonistas de las peleas entrebastidores por la presidencia de Cajamadrid. Es el momento de recurrir a las hemerotecas y desvelar los chanchullos probados en Citibank por CC. OO. Y UGT en la firma de otro lamentable acuerdo. Ahora, podemos entender los acuerdos de CC. OO. Y UGT con las patronales de la banca y el ahorro.
No es solo las tarjetas opacas, además aparecen los 1,5 millones de euros acumulados por el líder asturiano de UGT José Ángel Fernández Villa (Consejo de Administración de Hunosa), ¿Tendrá algo que ver este líder en la reconversión minera que ha reducido el número de mineros desde los 45.000 de los años 80 a los 4.000 actuales? Seguimos pendientes del caso de los ERE´s en Andalucía (¿sólo en Andalucia?), los cursos de formación fraudulentos en todo el Estado, etc. Hay algo, que huele a podrido y no deberíamos mirar a otro lado. Están jugando con nuestros intereses y con nuestros puestos de trabajo entre otras cosas.
Los trabajadores, delegados sindicales y afiliados deberíamos reflexionar sobre la situación ya que nos afecta a todos. No queremos linchamientos públicos. Solo como representados queremos saber cual ha sido la función social de esa representación. No se trata solo del desprestigio del sindicalismo, sino de lo que supone la política de la “delegación” que se ha practicado. No basta con pagar la cuota y votar cada cuatro años hay que controlar, por eso desde CGT, apostamos por la participación.
Madrid, 21 de noviembre de 2014
