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Caixa afronta el blindaje de la plantilla frente a litigios por malas prácticas

Solicitan una póliza de responsabilidad civil y jurídica para proteger a los empleados en previsión de que la MiFID les hiciese responder por la venta de productos.

Las centrales sindicales inician la demanda directa entre las entidades tras estimar CECA y AEB que no es una materia de negociación común.

Los sindicatos en banca se muestran en alerta. Bajo la máxima de zanjar para siempre los malos usos de ofrecer productos inadecuados al cliente y buscar su protección, Europa abordó la elaboración de la directiva MiFID II. Y a priori, la carga de una deficiente comercialización se esperaba que descansara sobre las espaldas de la entidad financiera, pero ante el temor a que la responsabilidad acabe siendo imputada al empleado si surgiesen conflictos y se elevasen a instancias judiciales, las centrales sindicales han comenzado a movilizarse buscando ‘blindar’ a las plantillas.

En varias de las centrales sindicales consultadas coinciden en que elevaron la inquietud y su propuesta a las patronales sectoriales (CECA y AEB) de manera informal, en un primer momento, para sondear su cabida en un marco de negociación como han intentado con el control horario. Tras estimarse en ese tanteo que la suscripción o no de pólizas cae en el ámbito individual de cada entidad, como también lo son las políticas comerciales, están decididas a llevarlo a las entidades de forma independiente.

La primera en recibir la solicitud es Caixabank. “Esta póliza es necesaria para que si, por sentencia se declarase alguna responsabilidad civil del empleado/a, éste/a no respondiera por sus bienes, siendo la póliza la que haría frente”, refieren en la sección sindical de CCOO. La tesis planteada es que protegen al empleado, pero también al banco, en la medida que la entidad acaba siempre como responsable civil subsidiario en caso de demanda judicial que exigiese una indemnización.

“Con la directiva se pide al empleado lo imposible: que se comprometa sobre cómo va a evolucionar el producto, los tipos de interés, el rendimiento, y a nivel local, regional y global. Le están pidiendo que maneje una bola mágica con su asesoramiento y esto es lo más grave de la MiFID”, se quejan en Fes-UGT.

La normativa europea fija la obligación para las empresas de servicios de inversión que sus gestores entiendan a la perfección el tipo de productos e instrumentos financieros que ofrecen y efectúen un asesoramiento ajustado a la capacidad del cliente para comprender bien a qué se expone con su suscripción y acorde a su perfil de riesgo, en función de su adversidad o tolerancia al riesgo. Y no solo, deberán saber de costes, evolución de las distintas inversiones y hasta de regulación.

La fórmula prevista por la directiva para asegurar esa capacitación es formar a las plantillas, dejando Europa descansar en las autoridades competentes fijar los criterios para que las entidades preparen a sus trabajadores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha resuelto este mandato en una guía donde fija la obligación de las entidades a asegurarse de que sus asesores ejercen de forma “honesta, imparcial y profesional”, bajo las líneas trazadas por la Autoridad Europea del Mercado de Valores (Esma, por sus siglas en inglés).

Son reglas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2018 y establecen mínimos de formación entre 80 horas para el personal que facilite información a 150 horas para los que proporcionen consejos de inversión al cliente o recomienden la suscripción de productos. El marco normativo marca contenidos, dejando espacio en la certificación a cada entidad.

Pero el documento de la CNMV no especifica, como pedían los sindicatos, que la responsabilidad no pueda recaer en el empleado, aunque sea el prescriptor último del producto que genere la polémica. Y aunque la normativa está llamada a mejorar la maltrecha reputación del sector, en filas sindicales subrayan el cambio en la tolerancia de la sociedad frente a productos inadecuadamente comercializados y la inclinación de los tribunales a fallar en favor del ahorrador si consideran que hubo abuso en la venta.

Son las lecciones que deja la victoria en los tribunales de los ahorradores que perdieron su dinero con las denostadas preferentes, las cláusulas suelo opacas o, incluso, la indebida salida a bolsa de Bankia. Y la MiFID, explican, ayuda a clarificar la adecuada e indebida “colocación” de productos, con la exigencia de la capacitación.

Lainformacion.com

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