Los servicios jurídicos de UGT analizan la sentencia del TJUE por si pudiera aplicarse en el convenio colectivo, que incluye un suelo en las hipotecas concedidas a empleados.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas suelo de las hipotecas concedidas en España supondrá en la práctica el final de estas polémicas cláusulas. Sin embargo, un grupo de consumidores, el conformado por los empleados de las antiguas cajas de ahorros, podría no beneficiarse de él, ya que el último convenio del sector incluye suelos en los préstamos a los trabajadores.
En ese sentido, la sección sindical de UGT Bankia se ha apresurado a solicitar a los servicios jurídicos del sindicato un “análisis de la repercusión” que pueda tener esta sentencia tanto en el ‘Convenio Colectivo de Ahorro’ como en los acuerdos con la entidad “por si pudiera ser de aplicación”.
El convenio del sector firmado a mediados de este mismo año, incluye –aunque rebaja respecto al anterior- un suelo en los préstamos concedidos a los propios empleados, unas condiciones sensiblemente peores a las que lograron los trabajadores de la banca, que también firmaron este año un nuevo acuerdo con la patronal.
En concreto, en el convenio suscrito por CCOO, UGT y CSICA con la patronal Acarl se pactó bonificar los suelos de las hipotecas, que hasta ahora se encontraban en el 1,5%. Con el nuevo acuerdo, el suelo pasó al 0,9% en 2017 y al 0,5% en 2018.
Este suelo contrasta con el pacto alcanzado el en convenio de la banca, en el que, eso sí, las entidades se aseguraron de no tener que pagar intereses a los empleados a los que concediese un préstamo, con un ‘suelo virtual’ del 0%. Así, el tipo de interés es el Euríbor a un año más 0,15%, sin que en ningún caso pueda resultar un tipo de interés negativo.
Respecto a la sentencia en sí misma del TJUE, UGT muestra en un comunicado su respeto por la resolución judicial, pero reivindica que su aplicación “no puede suponer, en ningún caso, un impacto negativo para el empleo”. La formación sindical recuerda en un comunicado que el sector financiero está inmerso en un proceso de reconversión desde hace varios años, “con pérdidas cercanas a los ochenta mil puestos de trabajo desde el año 2008”.
UGT insiste además en que “los códigos éticos y de buenas prácticas, impuestos por los empresarios, son de obligado cumplimiento para todos, también para aquellos directivos que diseñan productos financieros de dudosa legalidad y que luego afectan a la profesionalidad y buen hacer de todos los trabajadores y trabajadoras del sector financiero”.
