La CIC denuncia ante la OIT que varios de los 11 de los sindicalistas que cobraron influyeron en el recorte de derechos laborales
La acusación popular del caso tratará de impugnar los acuerdos laborales en los tribunales
El Tribunal Supremo debate estos días sobre los 67 recursos de casación recibidos a raíz de la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional contra los 65 usuarios de las llamadas tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y Bankia.
Más allá de las consecuencia penales que pueda tener que alto tribunal rebaje las condenas, como piden los exdirectivos y exconsejeros de estas entidades, las incremento, como soliciten algunas acusaciones, o se limite a ratificar el fallo de la Audiencia, el dictamen puede dejar en el aire la validez de los convenios colectivos firmados en los últimos años en el sector de las cajas de ahorro.
Así lo ha denunciado este miércoles ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que preside Gonzalo Postigo y ejerce como acusación popular en el caso de las visas opacas.
La CIC apunta que 11 de los 65 acusados son sindicalistas de los que seis pertenecen a CC OO; cuatro, a la UGT; y otro más al sindicato de cuadros Accam. Entre todos cargaron 1,356 millones de euros en gastos sin justificar a las tarjetas black, según la sentencia de la Audiencia.
El sindicato que preside Postigo sostiene ahora que ese cobro pudo distorsionar los intereses con los que los representantes de los trabajadores de las centrales mencionadas negociaron los convenios colectivos del sector de cajas de ahorro durante el periodo judicializado, 2003 a 2012.
La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, aduce que varios de los condenados intervinieron directamente en las negociaciones con la patronal en un periodo en que los acuerdos salariales implicaron fuertes ajustes de empleo, congelación de sueldos y pérdida de derechos, coincidiendo en los últimos tiempos con la reestructuración bancaria que trajo la crisis.
La CIC expone que estos cobros irregulares invalidan la capacidad de los sindicalistas condenados para representar legítimamente a las plantillas, vulnera el convenio C098 de la OIT y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que prohiben este tipo de injerencias.
Bajo este argumentarlo, la Confederación solicita a la OIT y al Gobierno español que se revisen los convenios del periodo mencionado y se restituyan los derechos de los trabajadores que se hayan visto afectados por la distorsión que, aseguran, se produjo.
Desde la plataforma que ejerce como acusación popular en el juicio de las tarjetas black avanzan que su intención es impugnar los acuerdos ilegítimos en los tribunales, para lo que la resolución del Supremo de los próximos días supondrá un elemento clave.
Se da la circunstancia, en paralelo, que la CIC ya ha conseguido tumbar parcialmente la aplicación del último convenio de cajas invalidando la suspensión del pago de un extra que los sindicatos mayoritarios acordaron con la patronal no abonar a sus plantillas. La Audiencia Nacional dio la razón a la confederación, aunque el asunto ha sido recurrido también ante el Supremo.
