Un Expediente de Regulación de Empleo como el que plantea el Santander, en una situación en que la entidad está generando beneficios y donde la plantilla está infra dimensionada por el número de horas extras que tienen que realizar los empleados, sólo se justifica por la priorización del beneficio económico frente a todo lo demás
El dinero habla, se suele decir en las mesas de los casinos, y en el Banco Santander suele gritar. En el mes de septiembre de 2017, Diario16 ya informó de las intenciones que tenía la entidad presidida por Ana Patricia Botín de cara a la reestructuración de plantilla tras la compra del Popular por un euro.
Casi 5.000 trabajadores se van a ver privados de su empleo en un año si se suman los que ya lo sufrieron en 2018 en los Servicios Centrales. Una reestructuración de plantilla de este calibre sólo se justifica por la priorización del beneficio o de los factores económicos a las verdaderas necesidades del banco y, por ende, de sus trabajadores.
En el informe técnico presentado por el Santander en la reunión celebrada con los sindicatos el pasado jueves 16 de mayo sólo se contemplan razones numéricas basadas en datos estadísticos y en los intereses del banco: márgenes de beneficio, tipos de interés, volumen de operaciones o supuestos solapamientos con el Popular.
Ese documento que, tal y como publicamos en Diario16, ha sido realizado por una compañía externa y, según fuentes sindicales, adolece de rigor y carece de un cálculo sobre la repercusión en los trabajadores de la reducción de personal, sobre todo teniendo en cuenta el elevado volumen de horas extras que los empleados se ven obligados a dar para poder cumplir con la carga de trabajo encomendada.
Por otro lado, las conclusiones del informe técnico reflejan una causa-efecto con los beneficios pretendidos por el Santander. Esta relación está predispuesta en base a que, si el Santander quiere mayores ganancias, mayor será el número de trabajadores implicados en el ERE.
Según el sindicato CGT, presente en la mesa de negociación, ha quedado clara «la nula predisposición del Banco para dar cumplimiento al espíritu del artículo 12 del convenio colectivo, en el sentido de, entre todos, tratar de buscar medidas alternativas a las extinciones de contrato previstas en un proceso de despido colectivo» tras las reuniones mantenidas después del anuncio del ERE.
El trabajo de Juan Manuel Cendoya, como Director de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del Santander, está fracasando puesto que cuando se afirma algo, el banco hace la contraria. Se afirma que la entidad cántabra es feminista, con su presidenta a la cabeza, y en todos los ERE anteriores se despidió a más mujeres que a hombres, además de que, según testimonios recogidos de las trabajadoras del Popular, en el ERE de los Servicios Centrales. Recordemos algunos: «Sorprende que el jefe de «matarifes» sea una mujer, Susana de Medrano, a quien el Banco Popular cuidó bastante en este aspecto, atendiendo a su especial situación familiar ya que tiene un hijo con problemas». Las mujeres embarazadas fueron especialmente atacadas en la anterior reestructuración. Estos colectivos están especialmente protegidos en el Estatuto de los Trabajadores pero el banco presidido por una mujer, Ana Patricia Botín, que se declara feminista, en su afán de rentabilizar hasta el último despido se está mostrando implacable. «En estos momentos el hecho de ser mujer conlleva una alta posibilidad de ser despedida», nos confirmaron varias trabajadoras. Esta posibilidad aumentaba si se encontraban en situación de reducción de jornada.
Lo mismo podemos decir de la estrategia que pretenden vender de que aplican políticas de inclusión de las personas con discapacidad, tal y como se pudo comprobar en la empresa Konecta que estaba participada en un 40% por el Santander y que permitió que, tras la renovación del servicio de atención telefónica de la Agencia Tributaria, se dejara en la calle a 92 personas con discapacidad, personas que, tras sentencia judicial, tuvieron que ser readmitidas. Poco después el banco presidido por Ana Patricia Botín vendió su participación en esta compañía. Por cierto, para el Santander, tener un 40% de las acciones de una empresa es «participación minoritaria», tal y como afirmó la presidenta en la Junta de Accionistas.
