Los fiscales de la Audiencia creen que el banco debe reorientar los artículos referentes al trato de empleados con periodistas y respecto a trabajos con empresas no competidoras
Banco Santander podría tener que revisar su código de conducta. La entidad presidida por Ana Botín tuvo un juicio este martes en la Audiencia Nacional en el que la Fiscalía se posicionó del lado del sindicato denunciante, la CGT (Confederación General de los Trabajadores).
Los fiscales argumentan que varios artículos del código son muy genéricos y podrían vulnerar los derechos fundamentales de sus 206.000 empleados a nivel mundial. Las fuentes consultadas creen que en caso de sentencia contraria, esta implicaría que tuviera que Santander tuviera que redactar de nuevo el código de conducta, no eliminar definitivamente los puntos cuestionados.
En concreto, la Fiscalía defendió en el juicio del martes la nulidad de varios puntos del código de conducto. En primer lugar, el que se refiere a que los empleados tengan que comunicar al banco el ejercicio de otra actividad profesional por cuenta propia o ajena para entidades no competidoras.
El resto tienen que ver con la relación de los empleados con los medios de comunicación. Así, la Fiscalía cree que debe anularse el artículo que prohíbe que los empleados difundan información o comentarios a medios de comunicación, aunque sea sobre el banco, y que canalicen consultas de periodistas, en lugar de derivarlo al departamento de comunicación. También se debería dejar en stand by el punto que dice que la plantilla debe solicitar autorización para conceder entrevistas o pronunciar discursos sobre temas relacionados con el objeto social del banco.
Justificación
El fiscal Manuel Campoy cree que estos apartados pueden suponer «una inferencia injustificada en los derechos fundamentales de la intimidad y vida privada de los empleados, así como en las libertades constitucionales de expresión e información», debido a su «generalidad y ausencia de proporcionalidad».
En los próximos meses se sabrá si las opiniones de la Fiscalía se ven reflejadas en la decisión de la Audiencia. En tal caso, las fuentes consultadas sostienen que debería traducirse en una nueva redacción de dichos puntos dentro del código de conducta. Santander, como casi todas las grandes empresas, se rige por este tipo de códigos como una autorregulación para fijar límites en la relación entre empleados y de ellos con proveedores, por ejemplo.
