Entre 2017 y 2024, las bajas médicas en España se han duplicado: de 4,7 a 8,6 millones de procesos, con un coste de 16.500 millones de euros anuales. Las bajas por salud mental son las más prolongadas —de 67 a 98,5 días— y el 92% se califica como contingencia común, ocultando su origen laboral. Los sectores más afectados —sanitario (23,9%) y administrativo (19,1%)— comparten un modelo basado en la presión, la escasez de plantillas, la vigilancia algorítmica del rendimiento, la conectividad digital permanente y la disponibilidad como norma
La enfermedad mental laboral se construye jornada a jornada: objetivos inalcanzables, herramientas digitales que borran la frontera entre trabajo y vida, inseguridad contractual y sustitución de la cooperación por la competencia. No son fallos individuales: son respuestas normales a entornos laborales dañinos. En miles de centros de trabajo, los ansiolíticos en la cajonera se han convertido en material de oficina tan habitual como el bolígrafo: cuando la respuesta colectiva a una organización que enferma es la medicación individual de quien la soporta, el sistema no está fallando — está funcionando exactamente como se diseñó.
La LPRL obliga a evaluar y prevenir todos los riesgos, en especial los psicosociales. Pero la práctica empresarial ha vaciado esta obligación: evaluaciones genéricas, sin anonimato, sin participación real y sin medidas correctoras. Los servicios de prevención ajenos, que cobran del empresario y compiten en precio, tienen un incentivo estructural para no cuestionar la organización del trabajo. No es un fallo del sistema; es su diseño.
Cuando el daño se materializa, el sistema protege a quien lo genera. La calificación como enfermedad común permite a las empresas eludir su responsabilidad y trasladar el coste, en primer lugar, al bolsillo de quien enferma y en segundo, al sistema público. Recalificar estas patologías como accidente de trabajo activa el recargo de prestaciones (art. 164 LGSS) y el incremento de cotizaciones: mecanismos que operan sobre la lógica de los costes empresariales con más eficacia que cualquier sanción. Mientras se canalice como contingencia común, la empresa no recibe ninguna señal económica del daño que está causando.
Mientras el trabajo enferma, sectores empresariales presionan para recortar los complementos de IT. La prestación legal es tan insuficiente que un 65% de convenios mejoran estas cantidades. Atacar esos complementos significa que quienes enferman por causa del trabajo soporten, además, el coste económico de su recuperación.
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Los beneficios empresariales alcanzaron en 2023 los 299.967 millones de euros, máximo histórico. En 2024 crecieron otro 12,1% y las cotizadas repartieron más de 37.500 millones en dividendos. Los trabajadores acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 4,6% desde 2008. Las mismas empresas que enferman a sus plantillas externalizan el coste al sistema público y reparten dividendos récord. El modelo privatiza el beneficio del trabajo y socializa el coste de la enfermedad que ese trabajo produce. No estamos ante un problema de sostenibilidad: estamos ante un problema de distribución.
Resulta intolerable que la respuesta institucional se oriente a controlar a la persona enferma y no a prevenir las condiciones que la enferman. Las reformas refuerzan la vigilancia, acortan plazos y buscan reincorporaciones aceleradas sin abordar el origen laboral. La CEOE ha propuesto que las empresas dejen de pagar cotizaciones durante las bajas y ha sostenido que «la salud mental no es culpa de las empresas y nada tiene que ver con los riesgos psicosociales», contradiciendo la Estrategia de Prevención 2023-2027 que la propia patronal firmó. Un discurso falso y económicamente suicida: las empresas que enferman a sus plantillas destruyen el activo que genera sus beneficios. Prevenir el daño psicosocial es una ecuación donde todos ganan: la empresa reduce absentismo, el Estado deja de financiar prestaciones y ansiolíticos, y las personas dejan de pagar con su salud un modelo disfuncional. Mientras, 416.239 procesos de origen laboral en 2024 —un 87% más que en 2018— se canalizan como contingencia común y la ansiedad y la depresión siguen fuera del RD 1299/2006. Hay que obligar a las empresas a eliminar las condiciones que generan el daño.
Es una vergüenza que el debate se haya construido sobre la criminalización de la persona enferma. Se legisla para penalizar a quien cae enfermo mientras nadie legisla para eliminar las condiciones que provocan esa enfermedad. No se pregunta por qué enferma tanta gente, sino cómo devolver cuanto antes al puesto a quien ya ha enfermado. La persona enferma no es el problema; el problema es la organización del trabajo que la enferma.
Resulta hiriente que sea un Gobierno que se presenta como el más progresista de la historia quien ejecute una reforma que penaliza al trabajador en lugar de a la patronal. En vez de endurecer obligaciones preventivas o sancionar el incumplimiento en riesgos psicosociales, se opta por ampliar el control sobre la baja, acelerar el alta y recortar prestaciones. No se actúa contra quien enferma a la plantilla con políticas erráticas y precarización, sino contra quien cae enfermo. Si este Gobierno quiere que su progresismo tenga contenido real, debe legislar contra las condiciones que enferman.
La prevención real exige que los trabajadores recuperen capacidad efectiva de intervención. Los delegados de prevención tienen derechos infrautilizados: acceder a documentación preventiva, paralizar actividades ante riesgo grave e inminente (art. 21 LPRL) y denunciar ante Inspección. Frente al delegado-gestor, reivindicamos la implicación directa de la plantilla. La organización colectiva y la acción sindical directa son las herramientas fundamentales.
La salud mental en el trabajo no es una cuestión de resiliencia individual ni de programas de mindfulness corporativo. Es una cuestión de poder: de quién decide los ritmos, las cargas y las condiciones en que se trabaja. Mientras esas decisiones las tome unilateralmente la empresa sin consecuencias reales, seguirá siendo más rentable enfermar a la plantilla que protegerla. La respuesta no puede ser terapéutica — tiene que ser sindical y colectiva.
Desde FESIBAC-CGT exigimos: incluir la ansiedad y la depresión en el cuadro de enfermedades profesionales del RD 1299/2006; establecer la presunción de laboralidad de patologías mentales en sectores de riesgo psicosocial; y garantizar evaluaciones psicosociales independientes con participación vinculante de los trabajadores. Llamamos a las secciones sindicales: activad denuncias ante Inspección, documentad casos para recalificaciones de contingencia e impulsad asambleas de salud laboral que rompan el silencio.
Defender la salud es defender la dignidad. Y defender la dignidad exige transformar las condiciones que permiten que el trabajo deteriore la vida
FESIBAC-CGT
