La Audiencia Nacional dispone de nuevos indicios que acreditan la presunta financiación ilegal del PP de Madrid a través de adjudicaciones públicas de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. La multinacional española Indra ha reconocido al instructor de los casos Lezo y Púnica, el juez Manuel García-Castellón, que no puede explicar por qué motivo pagó más de un millón de euros a varias mercantiles que, según la investigación, habrían desviado luego el dinero a la caja B del PP. La tecnológica admite que, bajo la presidencia de Javier Monzón, pagó facturas por ese importe, pero no encuentra en sus archivos internos ningún tipo de información sobre los bienes o servicios que recibió a cambio, apuntalando así las sospechas sobre esos movimientos de fondos.
Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que llegó a registrar la sede de Indra en abril de 2017 durante la operación Lezo, se centran en los pagos que realizó la compañía a dos mercantiles, Formaselect Consulting SL y Swat SL. La primera, dedicada a la formación de trabajadores, facturó a la cotizada 938.247 euros entre 2010 y 2013 (250.750 euros en 2010, 566.497 euros en 2012 y 121.000 euros en 2013), una cantidad que supuso en ese periodo más del 90% de sus ingresos totales.
