El organismo demanda al Ministerio de Trabajo que detalle cuánto han pagado medio centenar de empresas por los despidos masivos de mayores de 50 años.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha pedido al Ministerio de Trabajo y Economía Social que detalle cuánto ha pagado hasta ahora cada una de las grandes empresas que desde el año 2011 han ejecutado despidos colectivos que han afectado a trabajadores mayores de 50 años. El organismo ha reclamado al departamento que dirige Yolanda Díaz que especifique, en base a la información que obra en poder del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), las cantidades abonadas por medio centenar de empresas entre las que aparecen gigantes del Ibex 35 como Telefónica, Banco Santander o Caixabank, entre otras, según sendas resoluciones consultadas por La Información.
En concreto, en una primera resolución el organismo ampara la solicitud de un particular que reclama al Ministerio de Trabajo información detallada sobre la conocida como ‘enmienda Telefónica’, que tiene su origen en las prejubilaciones masivas que la compañía realizó en 2011 y que acabaron afectando a más de 6.500 personas. El ajuste se produjo después de que la empresa anunciase beneficios de 10.000 millones de euros. El Gobierno del PSOE estableció que las compañías que presentaran un despido colectivo que afectara a empleados de 50 años o más, habiendo obtenido beneficios en los ejercicios anteriores, tendrían que hacerse cargo del pago por desempleo y de parte de las cotizaciones.
Fue una fórmula para intentar que las arcas públicas saliesen indemnes de las ‘prejubilaciones de oro’. De acuerdo con esa norma introducida en la reforma de las pensiones de año 2011 y modificada posteriormente por el Gobierno de Mariano Rajoy, las empresas o grupos de empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que hayan incluido a trabajadores mayores de 50 años están obligadas a efectuar aportaciones económicas al Tesoro Público. Según consta en el último informe anual del Sepe, hasta finales de 2018 se había procedido a la reclamación de las aportaciones a un total de 47 empresas, que se pueden consultar aquí:
En el citado informe se afirma lo siguiente: «En total, desde el inicio hasta 2018, a estas 47 empresas se les reclamaron aportaciones económicas correspondientes a las prestaciones abonadas a 11.377 trabajadores, por valor de 391,09 millones de euros de los cuales se ingresaron 372,12 millones de euros». Y se añade que «el 74% de las cantidades ingresadas, 276 millones de euros, corresponden a Telefónica de España S.A. por el despido colectivo iniciado en 2011, que ha afectado a 6.620 trabajadores de 50 o más años de edad». «Estos trabajadores representan el 58% del total de trabajadores incluidos en las reclamaciones», concluye el apartado.
Sin embargo, la solicitud de Transparencia exige que, al igual que se hace con el caso concreto de Telefónica, se desglosen los datos por empresas, tanto las cantidades reclamadas por el Sepe a cada una de las compañías como las efectivamente aportadas al Tesoro por todas y cada una de ellas y las fechas concretas en las que se hicieron los ingresos. Además, pide saber el número de trabajadores mayores de 50 años afectados en cada uno de los despidos colectivos ejecutados por las 47 empresas desde 2011.
El Sepe rechazó la solicitud de información
La Dirección General del Sepe rechazó facilitar esa información pública en diciembre de 2019, justificando que «no obra en poder del Sepe y no se obtendría con una mera agregación de datos, ni con una simple extracción directa de las base de datos de este organismo, sino que supondría una elaboración expresa, haciendo uso de diversas fuentes de información y con la correspondiente dotación de medios personales». Un argumento que el solicitante rechaza por considerar que «no resulta creíble que el Sepe diga que esa información no obra en su poder».
El Consejo de Transparencia entiende que el Sepe sí dispone de la información desagregada, tanto de cantidades reclamadas como de ingresos efectuados y trabajadores afectados, e insta al Ministerio de Trabajo a remitir toda la información reclamada en un plazo de diez días. La resolución, que pone fin a la vía administrativa y contra la que se puede interponer Recurso Contencioso-Administrativo, está fechada y firmada por el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, Francisco Javier Amorós Dorda, a 18 de marzo de 2020. La Información se ha puesto en contacto con Trabajo para conocer el estado de la cuestión y no ha obtenido respuesta al cierre de esta edición.
En paralelo, en la misma fecha de 18 de marzo, el Consejo de Transparencia dictó otra resolución específica en relación a los despidos masivos del Banco Santander, que no aparece en el listado del informe anual del Sepe. En ella, el organismo estima parcialmente la reclamación de un particular al que le fue denegada esta información por parte del Sepe en diciembre de 2019: las cantidades aportadas por la entidad que preside Ana Botín por los despidos colectivos ejecutados en los años 2013, 2016, 2017 y 2019, en los que perdieron su empleo 5.869 trabajadores, muchos de ellos mayores de 50 años.
El Sepe denegó la solicitud de información alegando que el procedimiento de reclamación de aportaciones a la entidad «todavía está en curso» y, por tanto, «aún no se ha elaborado y publicado esta información». Pero a juicio del Consejo de Transparencia la causa de inadmisión de la solicitud no resulta de aplicación porque entiende que, aunque el expediente aún esté en curso, parte de la información que se solicita ya existe «por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas». Y, por tanto, pide al Ministerio de Trabajo que remita la información en 10 días.
La CEOE pidió eliminar la ‘enmienda Telefónica’
En diciembre de 2018 la patronal CEOE trasladó a la mesa del diálogo social la necesidad de eliminar la ‘enmienda Telefónica’. En concreto, pidió que desapareciera «la obligación de aportación al Tesoro Público de las empresas con beneficios en los despidos colectivos que afecten a trabajadores de más de 50 años» así como «la obligación empresarial de asumir el 100% del coste de cotización a la Seguridad Social a pesar de no existir prestación de servicios por parte del empleado».
Hay que matizar que el Gobierno ha suspendido los plazos para la tramitación de las consultas en el Portal de Transparencia en el contexto de la declaración del estado de alarma por la emergencia por el coronavirus. En su disposición adicional tercera, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se fija que «se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público» y que «el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo».
