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La exigencia sindical de garantías contra la inflación bloquea el pacto de rentas que demanda el Gobierno

Los sindicatos no se fían ni de los empresarios ni del Gobierno a la hora de comprometerse a sacrificios que ayuden a moderar la inflación. Toda la presión de un pacto de rentas está sobre los salarios, sin señal sobre los márgenes empresariales o el gasto en pensiones.

Las cláusulas de revisión salarial se han convertido en el mayor obstáculo a un acuerdo social que ponga la base al pacto de rentas que demanda el Gobierno para hacer frente a la crisis desatada por el descontrol de la inflación. Si hay algo que definiría un pacto de rentas ideal es asumir que 2022 será un año que hará más pobres a todos pero con especial cuidado con la población más vulnerable.

La cuestión es que nadie quiere ser el primero en asumir la moderación que pide el banco de España. Los sindicatos CCOO y UGT no están por firmar una perdida plurianual de poder adquisitivo; las patronales no ven manera de obligarse a topar sus márgenes con una inflación de costes desbocada; y el Gobierno insiste un día sí y otro también en que no está dispuesto a tocar en lo más mínimo la revalorización de las pensiones con el IPC «aunque sea de dos dígitos», como señaló ayer María José Montero, ministra de Hacienda.

Sin una iniciativa que arrastre a las demás, el riesgo de acabar en tablas es, como sostienen distintos economistas, más inflación y más paro. Y el punto donde más presión existe en este momento para romper el bloqueo es el poder adquisitivo de algo más de 15 millones de asalariados. En primer lugar porque, excluyendo a los funcionarios, toca negociar en el seno del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) el aumento de sus remuneraciones por convenio colectivo para los próximos tres años, y en segundo porque, es una tan dolorosa como las demás pero aparentemente más sencilla de aplicar.

Sin embargo, con un avance de los precios cercano al 7% para 2022, los sindicatos no quieren ni oír hablar de avalar pérdidas de poder adquisitivo que se sumen a las de 2021, cuando una inflación media del 3,1% dejó atrás unas subidas pactadas del 1,7%. Desde CCOO, Unai Sordo ya ha hecho saber que si los sindicatos conceden revalorizar salarios en los próximos tres años con la inflación subyacente (ahora mismo en el 3,4%), es para revisarlos al término de cada ejercicio con una cláusula «que compense la diferencia de ese porcentaje con la evolución real de los precios».

Sordo asume que, a fin de año, la inflación será más moderada que ahora y no quiere quedarse en fuera de juego como el único agente en asumir la moderación que reclama el Banco de España para evitar una espiral de precios. «Las empresas habrán repercutido los incrementos de costes en precios; si los costes bajan y los precios se mantienen, los excedentes empresariales aumentarán. Y ese escenario no se puede configurar sin que participen de él los salarios».

En la patronal no se contempla un acuerdo que garantice año a año el poder adquisitivo de los salarios hasta 2024 con una situación económica definida por la incertidumbre. Su oferta en cuanto a subidas salariales parte de una base del 2,5% para 2022; 2% para 2023 y 1,5% para 2024 con la posibilidad de añadir un punto porcentual más en función de la mejora de la productividad y el empleo.

Si ya de por sí el pacto en el seno del AENC es difícil, más complicada es la llamada a una moderación de los márgenes como contribución al pacto de rentas que propone el Gobierno. Las pymes y autónomos que componen la el 98% del tejido empresarial tienen menos capacidad de encajar subidas de costes con precios topados. Su recurso más a mano es el de los nuevos ERTE puestos en marcha el pasado 1 de abril, un recurso que alivia sus costes sociales pero limita su capacidad de despedir.

Aunque el foco esté situado sobre la negociación salarial de CEOE Cepyme con CCOO y UGT, cada día es más patente la necesidad de que el Gobierno ponga sobre la mesa medidas que muestren su grado de compromiso sobre dos colectivos relevantes como son los casi 10 millones de pensionistas que reciben prestaciones y 2,7 millones de empleados públicos en las Administraciones.

Sobre este último colectivo, el Gobierno guarda silencio. Los representantes de los funcionarios y empleados públicos, que también recuerdan el poder adquisitivo perdido en los últimos años, plantean un acuerdo plurianual que fije aumentos superiores al 3% en cada ejercicio.

Las voces que alertan sobre el impacto presupuestario de revalorizar las pensiones con la inflación crecen cada semana. Si la AIReF lo hizo hace unos días, ayer fue Fedea quien señaló que el gasto público total en pensiones se podría situar el próximo año en 188.500 millones de euros, lo que equivaldría al 14% del PIB si no corrige la revalorización general de las pensiones con el IPC que marca la ley.

Hasta el próximo mes de diciembre, en vísperas de un año electoral, el Gobierno no tiene que fijar el dato concreto. Pero, por el momento, ya ha dejado claro que las pensiones están fuera del pacto de rentas que demanda a los agentes sociales. «Los pensionistas pueden estar tranquilos», aseguró la vicepresidenta Calviño hace una semana.

El Mundo

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