El convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la seguridad social es de los pocos —si no el único— que revisa los salarios en función de dos magnitudes objetivas: el IPC y el PIB.
En el año 2023, la subida salarial se calculó con un PIB que posteriormente fue corregido por el INE al alza, lo que, en aplicación del artículo 44 del convenio, debía traducirse en una subida adicional del 0,6% sobre lo efectivamente abonado.
Desde CGT reclamamos formalmente a la comisión paritaria del convenio —integrada por las patronales UNESPA, AMAT, CEM y ASECORE, junto a los sindicatos CCOO y UGT— que reconociera este derecho y acordara el pago de ese 0,6% pendiente a la plantilla.
La respuesta fue negativa. Por ello y en defensa de los derechos de las personas trabajadoras del sector, CGT interpuso demanda de conflicto colectivo, tras el pertinente y fallido acto de conciliación en el SIMA-FSP.
El pasado 10 de septiembre se celebró la vista en la Audiencia Nacional, donde tanto las patronales como CCOO y UGT defendieron al unísono que las plantillas del sector no tienen derecho a la subida reclamada por CGT.
No es un hecho aislado. Una vez más comprobamos cómo sindicatos que se autodenominan de clase se alinean con la patronal en lugar de con la clase trabajadora. Esta connivencia, difícilmente desinteresada, constituye un grave obstáculo para una resolución favorable, ya que por experiencia sabemos que cuando patronal y sindicatos mayoritarios defienden la misma postura, la Sala suele decantarse por desestimar las pretensiones de la parte demandante.
Desde CGT lo decimos con claridad: a pesar de los contratiempos y los palos en las ruedas de quienes debieran defender los mismos intereses, no vamos a desfallecer. Seguiremos peleando hasta el final para que la plantilla cobre hasta el último céntimo que le corresponde. Ese es nuestro único interés, muy distinto, visto lo visto, al de otros.
