El convenio actual limita ese perímetro a 25 kilómetros y obliga a compensar a los desplazados más allá de esa distancia. La banca lo ve insuficiente.
La banca quiere tener la posibilidad de mover a sus trabajadores al menos 60 kilómetros a la redonda sin tener que abrir una negociación con los sindicatos y sin tener que abonar compensaciones de forma obligatoria por esos desplazamientos. Así lo ha planteado la Asociación Española de la Banca (AEB), patronal del sector, en la mesa de diálogo social que negocia desde el pasado mes de mayo la renovación del actual Convenio Colectivo de la Banca (2016) y que acaba de abrir la fase de diálogo sobre la regulación de los movimientos de personal, según ha revelado CCOO en una nota interna.
Fuentes sindicales explican que la banca ha justificado su propuesta bajo el argumento de que el actual perímetro de 25 kilómetros que se estableció en el convenio del sector hace cerca de 30 años se ha quedado obsoleto a la vista no sólo de la evolución de las estructuras de las entidades –que han acusado el cierre de miles de sucursales-, sino también de la evolución de la infraestructuras de transporte que han facilitado de forma sensible los desplazamientos.
La propuesta del banco empresarial es revisar el radio de kilómetros que se recoge en el artículo 38 del Convenio de la Banca, que bajo el epígrafe ‘Cobertura de servicios en la misma plaza o próximas’ regula la movilidad geográfica de los trabajadores del sector, y elevarlo desde esos 25 kilómetros actuales hasta 50 o 60 kilómetros, según informan fuentes de la negociación del convenio.
La modificación tendría efectos inmediatos en varias dimensiones. En primer lugar, endurecería las condiciones de acceso a las compensaciones previstas tanto en el convenio de sector como en los convenios de empresa por el concepto de ‘movilidad geográfica’, que en la actualidad se vincula a desplazamientos superiores a 25 kilómetros. Por otro, como precisa Joan Sierra, responsable de Sector Financiero de CCOO, permitiría a las entidades financieras recurrir en su caso al despido objetivo con indemnización de 20 días de la reforma laboral cuando un empleado se negara a aceptar un traslado a un nuevo destino situado a 50 o 60 kilómetros de su anterior lugar de trabajo.
«Es cierto que la norma en el sector es que se negocien las salidas de trabajadores y no haya despidos forzosos, pero es una puerta que no estamos dispuestos a abrir», ha subrayado Sierra. De hecho, según las fuentes consultadas, los sindicatos representados en la mesa han mostrado su rechazo a la propuesta de AEB. «No vamos a asumir este incremento porque la problemática que se plantea ya está resuelta. Cuando existe la necesidad de una movilidad por encima del límite que marca el convenio, se ha negociado y se ha llegado a acuerdos sobre las compensaciones y las garantías que se deben establecer», asegura una nota circulada por el sindicato CCOO a sus afiliados.
Los sindicatos entienden que el de los traslados es un asunto que se debe abordar de forma específica en cada empresa, en función de sus necesidades, y no desregularse en el marco sectorial. La bancada empresarial, por su parte, ha puesto el acento en las nuevas necesidades que las entidades tienen por la reducción del tamaño de sus redes y su obligación de redistribuir sus plantillas de la mejora forma posible como consecuencia de este fenómeno.
Cierre constante de oficinas
La realidad es que el cierre de oficinas ha sido una constante desde la crisis. En un principio, el ajuste tuvo que ver con la integración de la inmensa red de las antiguas cajas de ahorro en diferentes grupos bancarios, mientras que ahora el proceso está relacionado con la transformación digital y el ‘abandono’ de la oficina tradicional, que ya no resulta rentable para el sector en un permanente entorno de bajos tipos de interés que se ‘come’ el margen de las entidades, especialmente en el segmento de banca de particulares.
Desde 2008, el tamaño de la red bancaria se ha reducido casi a la mitad y recientemente ha caído por debajo de las 25.000 sucursales. En la actualidad existen en España un total de 24.855 oficinas, un nivel que no se veía desde 1980, frente a las 45.700 existentes antes de la crisis, y no parece que el volumen de cierres vaya a amainar. Solo en 2019 Banco Santander y CaixaBank anunciaron la clausura de más de 2.000 establecimientos, un volumen de cierres superior al tamaño que tiene Banco Sabadell en España, mientras que el resto de entidades también prevé realizar ajustes paulatinamente.
Todo este proceso ha provocado que hasta 4.196 municipios españoles, el 52% de los que hay en España, y 1,5 millones de personas carezcan de acceso a un cajero automático, lo que fuerza a la banca a intentar ampliar el radio para desplazar trabajadores sin compensación con el afán de continuar reduciendo su estructura de costes, prácticamente la única vía a su alcance para conseguir elevar la deprimida rentabilidad del sector en el momento actual. Sin perjuicio, eso sí, de que algunas entidades hayan impulsado fórmulas alternativas con las que dar acceso a los servicios bancarios a la población rural, como Bankia con su autobús-oficina.
Contra la postura que mantienen los sindicatos, desde la cúpula de las entidades financieras se subrayan las buenas condiciones laborales de los empleados de banca, con salarios promedio que se sitúan entre los 50.000 y 60.000 euros. Y en este sentido, hay importantes dirigentes bancarios que critican que los representantes de la plantilla pongan el foco en mejorar las condiciones de salida de los empleados de mayor de edad en vez de tratar de mejorar las condiciones de la franja más joven que se acaba de incorporar a la entidad.
