Las arcas públicas han desembolsado 88.000 millones de euros y tienen comprometidos otros 76.000 para reconvertir un sector financiero que quince años después de la gran recesión conserva inquietantes debilidades estructurales.
La quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers en 2008 se tiene desde entonces como el emblemático arranque de aquella gran recesión en la que la crisis de las hipotecas basura se encadenó con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el crash de la deuda soberana.
Los datos que arroja la evolución de la banca española en los quince años transcurridos desde entonces resultan mareantes, además de ofrecer puntos contradictorios y, en ocasiones, de más difícil explicación por sus responsables que de comprensión o análisis por la opinión pública.
Según los datos de las memorias anuales de Aebanca, la patronal del sector bancario español, las entidades financieras que operan en el país acumularon entre 2008 y 2022 beneficios netos por valor de 164.774 millones de euros, a razón de algo más de treinta diarios. Incluyen dos ejercicios de pérdidas: 1.704 millones en 2012, el año del inicio de la reestructuración en España, y algo más de 5.000 en 2020, aunque estos últimos tuvieron un carácter más contable que operativo.
Ese proceso no responde tanto a un prodigio de gestión como a una inyección de dinero público que supera los 120.000 millones de euros, 70.000 para financiar el proceso de concentración, 17.500 de deuda pública liquidada a las entidades y otros 34.000 con el pago aplazado.
Esta inyección ha ido acompañada de una escabechina laboral que se ha llevado por delante más de 37.000 empleos, a menudo con cargos indirectos al erario. También de alardes de creatividad tributaria como los DTA, los peculiares activos fiscales diferidos con los que la banca española podrá optar entre descontarse de sus impuestos o transformar en deuda pública hasta 42.000 millones de euros en los próximos nueve años.
En ese proceso se ha producido una mutación del negocio con un descomunal aumento del cobro de comisiones a los usuarios hasta superar los 20.000 millones por primera vez el año pasado y sumar 267.017 en una década. Y ha tenido, como cualquier otro proceso, sus consecuencias, que en este caso tienen rasgos muy particulares.
Por una parte, la concentración del negocio, con la supresión de 52 entidades financieras en poco más de una década y el cierre de 9.351 oficinas, que se suma al recorte de plantilla, ha afectado de manera notable al servicio.
«Un 3,5% de la población, principalmente en zonas rurales, carece de la posibilidad de disponer de atención bancaria básica», explica el economista y profesor de la Complutense Carlos Sánchez Mato, que llama la atención sobre algunas ratios que calcula el BCE (Banco Central Europeo).
«Los bancos españoles han suprimido el 38% de su plantilla en quince años, y lo han hecho recortando el doble de empleo que su sector en la eurozona«, señala, hasta situar la ratio de atención en un empleado por cada 276 habitantes frente a los 186 del espacio económico del euro.
Entre dos tercios y tres cuartos del negocio
La brecha digital plantea dificultades a usuarios y administraciones para acceder al servicio
Paralelamente, las diez entidades declaradas como significativas, que son los seis bancos del Ibex35 más Abanca, Kutxa, Cajamar e Ibercaja, acumulan el 94% de los activos del sector, mientras que las tres principales, Santander, BBVA y CaixaBank, copan el 75% de las oficinas en la mitad de las provincias del país y acaparan casi dos tercios de los depósitos al sumar más de 900.000 millones de euros.
«La concentración es brutal, ha habido una eliminación de la competencia y la banca española es ahora un oligopolio como un caballo», anota Sánchez Mato, quien destaca que el grado de concentración de los activos «no llega al 33% en Alemania«.
Así, añade, «no es de extrañar que la remuneración de los depósitos tarde en llegar, porque con ese grado de concentración los bancos no necesitan competir entre ellos».
